En los pasillos de la Corte de Apelaciones de Rancagua cada vez sonaban más fuerte los rumores de ministros que cometían irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El día 22 de marzo estos rumores comenzaron a convertirse en verdad con el castigo disciplinario impuesto al ministro Emilio Elgueta Torres: La suspensión del cargo mientras dure la investigación. Entre los hechos figuran ciertos nexos que existían entre el ministro y abogados e imputados. Un presunto tráfico de influencias que salpicó también a los ministros Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Peor a esto, al tráfico de influencias se le suman también delitos de enriquecimiento ilícito, prevaricación, obstrucción en procesos de abusos sexuales de sacerdotes, revocación de resoluciones relacionadas con el caso Dávalos, coimas y magia negra.
Por medio de una interceptación telefónica se pudo constatar que una banda de narcotraficantes pagó 6,5 millones de pesos en la liberación de uno de sus integrantes. También, en una de las salas de la Corte se habrían emitido resoluciones no ajustadas a derecho y que eran favorables a delincuentes. Estos fallos fueron realizados por Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. Vale la pena señalar que también actuaron administrativos, abogados y litigantes.
El tema toma otro matiz cuando hablamos del Médico Luis Arenas, quien en 2015 defraudó la suma de 13 millones de pesos al fisco y en 2016 fue formalizado por 1500 boletas sin rendir al Servicio de Impuestos Internos, por este último se le decreta Arresto Domiciliario Nocturno y Arraigo Nacional. Ante el incumplimiento de esta medida cautelar constatada por carabineros al no encontrarlo ocho veces en su casa en su domicilio, un documento del Poder Judicial avala que el señor Arenas cumplió totalmente su medida cautelar. Mientras esto pasaba, otra causa aún más grave era investigada: Narcotráfico y Lavado de Dinero. Operaba una red de tráfico de drogas dirigida por el mismo doctor Arenas, quien emitía recetas donde suministraba los medicamentos Sentis y Elvenir (Fentermina, una especie de anfetamina) en farmacias para luego ser comercializados en portales de Internet. Cuando la Fiscalía solicitó la interceptación de las llamadas realizadas por Arenas, llamaron la atención algunas donde no solo estuvo implicado el ministro Elgueta, sino que varias personas de importancia en el Poder Judicial, entre las que figuran los ministros Vásquez y Albornoz. Esta relación entre el doctor y los ministros se debe a que, algunos de ellos, integran la Logia Rancagüina N° 56.
Se ve entonces un posible mal uso de la influencia masónica, una especie de nepotismo masónico para lograr favores entre hermanos de la logia. Además, se pudo constatar el nexo entre Elgueta y exministros de gobiernos masones: Jaime Campos y José Antonio Gómez. E incluso, de acuerdo a la participación de Vásquez y Elgueta en el sobreseimiento de Sebastián Dávalos, se puede ver que este último también pertenece a una Logia Masónica.
Puede que sea una gran coincidencia, pero hay una investigación pendiente y muchas aristas por indagar. La preocupación de las personas es obvia: un Poder Judicial con ministros, abogados y administrativos corruptos que obstruyen investigaciones y favorecen a delincuentes no ajustándose a derecho. Ahora cabe preguntarse lo siguiente: ¿Es posible confiar en la justicia chilena?
Escrito por: Hno. Diego Gárate Sanfuentes